Son 69 las edificaciones del Caribe costarricense que podrían dejar de existir el próximo 30 de noviembre. Ese es el plazo que le dio la División de Investigaciones de la Contraloría General de la República, en el informe DFOE-DI-459, a la Municipalidad de Talamanca para aplicar las acciones del caso.
La resolución se dio a conocer el 9 de marzo pasado y afirma que estas edificaciones carecen de los permisos para realizar las respectivas actividades que desarrollan, al ubicarse dentro de la Zona Marítimo Terrestre: exactamente dentro de la franja de 50 metros de zona pública junto al mar que forma parte de la ZMT y que es propiedad del Estado.
La ley que avalaría dicha demolición es la número 6043: Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, la cual define en su artículo 17 que “la municipalidad respectiva, el Instituto Costarricense de Turismo y las autoridades y dependencias correspondientes, deberán dictar y hacer cumplir las medidas que estimaren necesarias, para conservar o evitar que se perjudiquen las condiciones originarias de la zona marítimo terrestre y sus recursos naturales”.
De acuerdo con la investigación realizada por la CGR, los permisos de uso de los respectivos suelos ocupados se les otorgaron a personas físicas y jurídicas con el propósito de que ocuparan y desarrollaran actividades comerciales, recreativas, turísticas y agropecuarias; todas en total desacato de lo que estipula la ley 6043.
Además de comercios otras edificaciones en peligro son la Fuerza Pública, Correos de Costa Rica y el centro educativo de Cahuita, también la vivienda de la familia de Walter Ferguson, el legendario calypsonian limonense, entre otras figuras de la cultura caribeña.
El Caribe no se deja
Los pobladores de las zonas afectadas ya se habían movilizado hasta el Poder Ejecutivo en busca de una acción que detenga la posible demolición. La respuesta del Gobierno fue enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que congele por un año los procesos de desalojo y demolición por ocupación ilegal de la Zona Marítimo Terrestre y otras zonas especiales.
Por su parte, el diputado socialcristiano Walter Céspedes, en respuesta a solicitudes de pobladores de Cahuita y Puerto Viejo, presentó un proyecto de ley con el objetivo de declarar ciudad a esas localidades, lo que las libraría de las regulaciones establecidas para las áreas de conservación y por ende para las de la Zona Marítimo Terrestre.
Otro de los argumentos en contra del proceso de demolición, por lo menos en el caso de Cahuita, lo expuso Enrique Joseph en declaraciones al Semanario Universidad; Joseph es Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Talamanca, y según él hay una gran discrepancia con el Estado ya que el poblado de Cahuita fue establecido por la Ley 35 en 1915, ley que permitió a los pobladores inscribir sus terrenos.
La ley de ZMT del año 1977, no invalida específicamente a la ley 35 ni viceversa, ya que una regula y la otra les otorga un beneficio a los habitantes.
Según los reportes del Semario Universidad el número de pobladores amenazados por los procesos de desalojo ronda los 50.000, la gran mayoría familias que han vivido por décadas allí y que se sostienen económicamente a partir de los recursos del mar.
