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El veto a la ley del fotocopiado es un síntoma. La enfermedad está en otra parte

Permalink 14.10.12 19:19 , Categorías: Gato encerrado

El veto a la ley del fotocopiado es un síntoma.

La enfermedad está en otra parte

 

Fernando Contreras Castro*

 

El pasado 25 de setiembre, el presidente Chinchilla vetó la reforma a varios artículos de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, conocida popularmente como “Ley de Fotocopiado”.

El veto significa un duro golpe contra la educación pública en Costa Rica. En un país pobre como el nuestro, es impensable exigir a los estudiantes y docentes que compren los libros originales de los que depende la mayoría de los contenidos de los cursos. Sin caer en ningún tipo de fácil exageración, se puede afirmar que la educación en Costa Rica depende de las posibilidades de fotocopiar el material solicitado para los cursos, tanto en la enseñanza universitaria, como en la media y primaria. Sin este recuro, el acceso a la información sería tan caro que para la mayoría de los costarricenses sería inaccesible.

¿Por qué la práctica del fotocopiado sin fines de lucro se convierte ahora en un crimen digno de castigos más duros que la corrupción, práctica generalizada de los sucesivos gobiernos? Si lo pensamos detenidamente veremos que el fotocopiado de material de estudio no significa de suyo ningún atentado contra la propiedad intelectual, ni amenaza severamente los derechos de autor. Los libros se fotocopian parcialmente, o se descargan de la red donde miles de sitios ofrecen esa posibilidad de acceso. Docentes y estudiantes acceden diariamente a esos materiales como única posibilidad de formación académica, no como un medio de lucro, y eso lo saben de sobra tanto las autoridades del gobierno, como las transnacionales que venden libros en el país.

...

El problema está en otra parte. La ley de fotocopiado es solamente un síntoma, la purulencia de una enfermedad que ataca a todo el planeta: los derechos intelectuales de las gigantescas corporaciones transnacionales sobre los productos de la industria biotecnológica en el mercado mundial. La guerra de patentes sobre la vida en el planeta es el verdadero nombre de lo que está en juego. Las alteraciones sobre cualquier forma de vida se consideran actualmente inventos y, como tales, objeto de propiedad intelectual.

Es harto bien sabida la práctica de dichas corporaciones de comprar enormes terrenos en todo el mundo con el fin de patentar todo lo que ahí se encuentren, muy en especial en las regiones donde la vida es pródiga y sus condiciones, óptimas, con resultados como el robo literal de los conocimientos ancestrales de las culturas que históricamente han habitado los primeros y producido los segundos.

Las corporaciones transnacionales ejercen presión sobre los gobiernos locales en todo el mundo, con el fin de garantizarse el camino libre hacia la apropiación de bienes que en principio son patrimonio de la humanidad. En este sentido, la corporación Monsanto es quizás el mejor ejemplo de la brutalidad de una batalla que va mucho más allá de la simple práctica tercermundista de fotocopiar para estudiar.

El control político sobre la vida y los recursos del planeta en función del “libre mercado” no respeta ni tradiciones milenarias (caso del arroz basmati de la India y Paquistán, por ejemplo), ni ninguna ética imaginable: son pocas las leyes que todavía protegen de la biopiratería la dignidad de la vida, entiéndase leyes contra la experimentación en seres humanos, o la crueldad de la experimentación en animales. Cada día las farmacéuticas y las corporaciones médicas y científicas en general ganan más terreno y más libertades por encima de los más básicos derechos de los pueblos y las ciudadanías.

Las biopolíticas, los capitales privados y el libre mercado se aseguran una lucha entre ellos sobre un campo de batalla que abarca todo el planeta. El intercambio de información que permitió a la especie humana llegar al ser lo que es, se ha convertido en acumulación y protección de secretos para su inmediata explotación. Las gentes y los pueblos sólo son los “daños colaterales” de estas prácticas de depredación.

El celo con que estos secretos son guardados desemboca finalmente en rigurosas leyes contra el libre flujo de la información y el conocimiento, del que el fotocopiado para el estudio es tan solo su más miserable y última expresión. Los tratados de libre comercio protegen a los empresarios y a las empresas transnacionales asegurándose los derechos sobre el conocimiento. Sería ingenuo creer que el fotocopiado con fines educativos significa una amenaza contra los megaproyectos de los laboratorios tecnocientíficos patrocinados por los gobiernos de los países ricos y por los capitales privados de las empresas transnacionales. Las leyes de protección intelectual van más allá; la criminalización del fotocopiado con fines educativos es sólo un golpe más a la educación pública, así como lo es la criminalización de las medicinas genéricas a la salud pública. Pero, entiéndase, el capitalismo sólo se sostiene a partir de la ignorancia, la enfermedad y la miseria de tres cuartas partes de la humanidad, insisto, sus “daños colaterales”.

En Costa Rica, un país pobre, cada día más pobre, la naturaleza es pródiga, los recursos son abundantes. La clase político-empresarial criolla saca el partido que puede de esta guerra a nivel macro que se libra por encima de nuestras cabezas sin que apenas nos percatemos. Las burguesías locales se contentan con los sobros de la mesa de las gigantescas transnacionales pero, para obtenerlos, deben ser buenos chicos y apoyar la depredación, el robo, y la biopiratería a gran escala con falacias y leyes cortina de humo como la que tenemos en discusión.  

¿A quién le importa lo que un estudiante costarricense fotocopie? ¡Más que a la maquila local que se nutre de mano de obra descalificada, a nadie! Las leyes proteccionistas de los derechos intelectuales surgen en función de la guerra más grande que se haya librado nunca por el conocimiento y sus usos excluyentes. Pero su afán proteccionista no puede descuidar ningún detalle, y de ahí, la persecución y veda del acceso a los diferentes saberes.

La lucha por el derecho a la educación no puede restringirse a la ley de fotocopiado, eso sería como luchar contra la punta de iceberg. La lucha es por el derecho universal a la información, por el derecho a la educación integral, por el derecho sobre los saberes ancestrales, no excluyentes por cierto, por el derecho a la salud pública, por la defensa de la sociedad civil. La complicidad de los gobiernos locales con las megaempresas transnacionales es lo que se esconde detrás de los argumentos del presidente y sus secuaces de la bancada oficialista.

 

*Escritor. Docente de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica

 

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Fernando Contreras Castro, escritor callejero. Autor de los libros: Única mirando al mar, Los Peor, Urbanoscopio, El tibio recinto de la oscuridad y Sonambulario, entre otros

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